De la esterilización forzada a la psiquiatría forzada. Reporte sobre las violaciones a los derechos humanos de mujeres con discapacidad, mujeres en situación de desplazamiento y personas transgénero

Desde el último examen periódico a Colombia bajo la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en adelante, CEDAW por sus siglas en inglés o la Convención) en 2007, el país ha experimentado algunos cambios positivos relacionados con los derechos humanos. Dentro de estos se incluyen: la ratificación de instrumentos internacionales y normas nacionales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo a las personas agredidas con agentes químicos y mujeres con VIH, el reconocimiento jurisprudencial y en políticas públicas y programas locales de los derechos de la población gay, lesbiana, transgénero e intersexual, el inicio de un proceso de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y la aprobación de políticas públicas para la protección de víctimas del conflicto armado y la restitución de tierras despojadas. A pesar de esto, quedan aún múltiples tareas pendientes para la garantía plena de los derechos humanos de las personas beneficiarias de la CEDAW y la eliminación de la discriminación basada en género en el país. En el presente informe, catorce organizaciones nacionales e internacionales dan cuenta de las continuas violaciones de derechos humanos ocurridas con base en el género de las personas o que tienen un impacto diferenciado con base en el género de estas.

Este documento pretende dar insumos al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (en adelante, el Comité) para la consideración del informe presentado por el Estado colombiano (CEDAW/C/COL/7-8) y ofrece recomendaciones concretas para que el Estado colombiano cumpla a cabalidad con los requisitos exigidos por la Convención en relación con los siguientes aspectos:

En primer lugar, se destaca que actualmente, el marco legal colombiano sobre capacidad legal permite la práctica de esterilización en mujeres con discapacidad que se encuentran bajo medida de interdicción judicial, sin que medie su consentimiento informado previo, en tanto se consideran absolutamente incapaces. Esta práctica es frecuente y generalmente solicitada por las familias de mujeres con discapacidad y se realiza mayormente en mujeres con discapacidad cognitiva y psicosocial. Esta forma de discriminación extensa y persistente contra mujeres y niñas con discapacidad resulta en una negación sistemática de sus derechos a tener una educación sexual, de experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales y de conformar una familia en igualdad de condiciones con las mujeres sin discapacidad. La esterilización quirúrgica de mujeres y niñas es un proceso irreversible y cuando se realiza sin el consentimiento de la persona, se considera un acto de la violencia basada en el género, una forma de control social, y una violación del derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En segundo lugar, la violencia sexual en el contexto del conflicto armado continúa a pesar de las negociaciones en el proceso de paz en curso y las políticas actuales sobre protección de víctimas. Las mujeres y niñas de Colombia siguen estando en una condición de vulnerabilidad frente a la violencia sexual y que continúan buscando justicia para estos crímenes en medio de la impunidad. En sus Observaciones Finales, resultado del examen realizado a Colombia en 2007, el Comité de la CEDAW reconoció la grave situación de las mujeres en Colombia e impulsó al Gobierno a “hacer frente a las causas subyacentes de la violencia contra la mujer y a que mejore el acceso de las víctimas a la justicia y los programas de protección.” De igual forma, solicitó a Colombia que “ponga en marcha mecanismos de seguimiento efectivos y evalúe periódicamente la repercusión de todas sus estrategias y medidas adoptadas para la plena aplicación de las disposiciones de la Convención.” A pesar de las solicitudes por parte del Comité de la CEDAW, la violencia sexual sigue presentándose de forma generalizada en las comunidades en donde el conflicto armado persiste; las víctimas que buscan materializar sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y el acceso a servicios de rehabilitación continúan enfrentando múltiples obstáculos.

En tercer lugar, las personas transgénero en Colombia también enfrentan barreras en la garantía a sus derechos humanos básicos, incluyendo su derecho a vivir libres de discriminación y violencia, su derecho al acceso a la salud y al trabajo. Estas limitaciones se manifiestan en muchos aspectos las vida diaria de esta población, como los es la opción de cambiar de nombre y sexo en documentos de la identidad, obtener la libreta militar, tener acceso a la salud (incluyendo procesos de hormonización y transformaciones corporales), a la educación y al empleo.

En cuarto lugar, está documentado que las mujeres embarazadas con VIH no reciben el cuidado en salud prenatal necesario para garantizar el pleno ejercicio de su derecho a la salud y en un número significativo de casos se produce su esterilización permanente, generándose también una violación a sus derechos sexuales y reproductivos.

Finalmente, en los últimos años se ha venido documentando un preocupante número de agresiones con agentes químicos como manifestaciones de violencia basada en género, en tanto la mayor cantidad de víctimas de dichas agresiones son mujeres, en la mayoría de los casos los agresores son hombres relacionados con la víctima y las sustancias son arrojadas al rostro y cuello. En estos casos, el número de condenas es mínimo y las mujeres agredidas enfrentan múltiples barreras para acceder procedimientos necesarios para su recuperación y para su inclusión social.

A la luz de estos hechos, este informe destaca cinco motivos de preocupación principales: (1) el impacto negativo del marco legal actual sobre capacidad legal sobre los derechos de las mujeres con discapacidad, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos; (2) la persistencia de la violencia sexual y de la discriminación basada género en el marco del conflicto armado, (3) la discriminación y violencia contra las personas transgénero, (4) la falta de acceso a servicios adecuados de salud por parte de mujeres embarazadas con VIH y (5) la falta de acceso a servicios de salud y falta de acceso a la justicia de mujeres agredidas con agentes químicos.

La información contenida en este informe fue elaborada por las siguiente organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas: Asdown Colombia, City University of New York School of Law (CUNY)’s, International Women’s Human Rights Clinic (IWHR), Entre Tránsitos, Fundación Procrear, Fundamental Colombia, Grupo de Apoyo Transgenerista(GAT), International Gay & Lesbian Human Rights Commission(IGLHRC), MADRE, Profamilia, Rostros sin Ácido, Sinergias: Alianzas Estratégicas para La Salud y El Desarrollo Social16, Taller de Vida, el grupo YPAR de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. En los lugares indicados, el nombre de las víctimas ha sido modificado para proteger su integridad.

Esperamos que la información presentada en este informe sea útil al Comité y sirva como catalizadora para los esfuerzos futuros en la defensa de los derechos humanos en Colombia.

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