La situación de las personas trans en Colombia

Recientemente, OutRight Action International llevó a cabo una iniciativa de investigación a los fines de evaluar las políticas de (existentes en) Colombia para la protección de los derechos de las personas trans y considera que la realidad para las personas trans en Colombia es contradictoria: Colombia tiene algunas de las leyes más progresivas/progresistas del mundo en materia de antidiscriminación y reconocimiento de identidad de género, y al mismo tiempo tiene algunas de las tasas de asesinatos y violencia contra la comunidad trans más altas del mundo y el estigma contra la comunidad trans es alto.  

Protecciones legislativas

Colombia está entre los líderes de América Latina en materia de legislación y políticas de protección de los derechos de las personas trans. Un sólido marco de derechos humanos, una Constitución progresiva y jurisprudencia positiva de la Corte Constitucional han contribuido a este progreso. Específicamente, la Corte Constitucional protege los intereses de las personas trans mediante el desarrollo jurisprudencial de tres derechos: el derecho a la igualdad; el derecho a la salud; y el derecho al libre desarrollo de la personalidad para incluir el derecho a elegir la identidad propia. Además, la identidad de género es un motivo prohibido de discriminación.

La política Colombiana del libre desarrollo de la personalidad es progresiva en el sentido de que reconoce la capacidad que tienen todas las personas para realizarse individual y autónomamente, sin imposiciones de ningún tipo y sin controles injustificados o impedimentos por parte del Estado. En 2015, El Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia de Colombia aprobaron el Decreto 1227 de 2015, que modifica la ley que regula el registro civil en Colombia, permitiendo el cambio de sexo en los documentos de identidad para mayores de 18 años con la simple declaración de voluntad de la persona.

Barreras para acceder a los derechos y servicios

Sin embargo, como muestra el documento informativo de OutRight Action International, “Cartografía de derechos trans en Colombia, la realidad para las personas trans es también una de dificultades. A pesar del hecho de que la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia para proteger a las personas trans de la discriminación, las autoridades judiciales y administrativas a menudo anteponen sus opiniones prejuiciosas a la aplicación de la ley o ignoran (desconocen) las necesidades y derechos de los ciudadanos trans. Además, si bien el Decreto 1227 permite la rectificación del sexo en los documentos de identidad, el sistema de salud del país aún no permite a las personas trans acceder a transformaciones corporales ni a tratamientos hormonales sin primero someterse a un proceso de patologización.

Implicaciones de la conscripción militar

Las personas trans también enfrentan barreras significativas a sus derechos civiles vinculadas a las políticas de Colombia sobre reclutamiento (servicio militar) obligatorio para hombres mayores de 18 años. Todos los varones colombianos están obligados a someterse al servicio militar, y una vez cumplida esta obligación reciben una libreta militar. La libreta militar es un requisito documental para todos los hombres que quieren celebrar contratos con cualquier entidad pública, para ingresar a la carrera administrativa y para tomar posesión de cargos públicos. Esto pone a las mujeres trans en una situación precaria, ya que el reclutamiento se basa en el sexo asignado al nacer y no en su identidad de género. Aquellos que son llamados/citados para el servicio militar son posteriormente obligados a someterse a un examen médico en un habitación (un salón) con otros hombres, lo que puede ser humillante, y puede llevar a la divulgación forzada de la identidad trans de la persona. Muchas mujeres trans también pueden ser obligadas a pagar una cuota de exención militar, por ser clasificadas como no aptas para servir debido a su identidad de género; una suma que es a menudo más de lo que pueden pagar. No tener una libreta militar a su vez afecta la capacidad de las personas trans para acceder al empleo e impacta su calidad de vida.

Barreras en el acceso al empleo

Además de la libreta militar, las mujeres trans enfrentan limitaciones en términos de los espacios en los que se pueden desarrollar profesionalmente debido a los estereotipos negativos existentes en Colombia, y perpetuados por los medios de comunicación. De acuerdo con el testimonio de una mujer trans en el documento informativo de OutRight, el trabajo sexual o de peluquería resultan ser la única opción para ella, ya que enfrentaría barreras de discriminación si, por ejemplo, intentara trabaja como profesora. Estudios destacados en el documento informativo revelan que el 79% de las personas trans han sido discriminadas en su lugar de trabajo; sólo el 5.3% de ellas han firmado un contrato laboral; y el 40% de ellas han sido forzadas a vestirse y a actuar de manera diferente en el lugar de trabajo. Debido a los estereotipos negativos que sobre las personas trans se han formado y consolidado en Colombia, muchas personas trans se encuentran en funciones o puestos de trabajos transexualizados, como el trabajo sexual o la labor de estilista/peluquería, que son inseguras, no proporcionan beneficios (son de baja remuneración y no otorgan ningún tipo de prestaciones o seguridad social) y prohíben/impiden la movilidad hacia otros espacios de trabajo.

Recomendaciones

El gobierno colombiano se encuentra continuamente trabajando para atender y abordar las preocupaciones de los ciudadanos trans y ha puesto en marcha programas para incrementar el acceso al empleo y a los servicios de salud para las personas trans. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que los derechos humanos de las personas trans sean plenamente respetados en el país. OutRight Action International realiza recomendaciones al gobierno colombiano, así como a otras entidades, sobre cómo las políticas nacionales pueden alinearse mejor con principios internacionales de derechos humanos y para que en consecuencia pueda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos trans. Estas recomendaciones incluyen:

  • Desarrollar e implementar una política integrada de sensibilización para incrementar la sensibilización pública frente a las identidades transgénero y los problemas y necesidades de las personas transgénero.
  • Partiendo del Principio 12 de los Principios de Yogyakarta, tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra naturaleza necesarias para eliminar y prohibir la discriminación con base en la identidad de género en empleos públicos y privados, incluyendo en relación con la formación profesional, reclutamiento, ascensos, despidos, condiciones de empleo y remuneración; y 

  • Eliminar la patologización, la psiquiatrización y la esterilización forzada como requisitos para acceder a procedimientos médicos de transición y de afirmación de género.