Niñez y adolescencia LGBTI: un reto para la justicia en Colombia

El Estado colombiano decidió no tocar el tema de la niñez y adolescencia LGBTI durante su reunión con el comité sobre los derechos del niño el 20 y 21 de enero de 2015 en Ginebra. El silencio del Estado ante la pregunta del Comité (parte 1 número 6) sobre población infantil y adolescente vulnerable a ser discriminada por estereotipos de género, orientación sexual e identidad de género, es un silencio que dice más que las palabras. 


Palacio de las Naciones, ONU Ginebra. Foto por UN Photo.

El Estado expuso las medidas tomadas para las otras poblaciones vulnerables, en especial, indígenas y afrocolombianos, y—por lo demás—la delegación colombiana en Ginebra concentró sus esfuerzos en señalar, con fundamento, los desafíos de atender a la población infantil y adolescente afectada por el conflicto armado en el actual proceso de paz y de justicia transicional. La situación de niñas, niños y adolescentes en el país está, sin duda, atravesada y herida por la violencia derivada del conflicto armado y de los estragos del desplazamiento interno: alrededor de 5 millones de personas han sido desplazadas en Colombia, mitad de las cuales son menores.

Sin embargo, el silencio sobre niños, niñas y adolescentes LGBTI—muchos de los cuales son desplazados, afro descendientes, indígenas y niños y niñas en situación de calle, vulnerables de manera especial a la violencia sexual, intrafamiliar y a la violencia ejercida por los actores armados—afecta las garantías de no discriminación y de goce pleno de derechos de la infancia y los adolescentes en el país.

Hay asuntos que azotan a la población infantil y adolescente LGBTI con mayor intensidad y frente a los cuales el Estado tiene el deber de pronunciarse; el más ensordecedor y cotidiano tiene que ver con el matoneo (bullying) de los pares y las prácticas discriminatorias de adultos, incluidas las propias familias y las directivas escolares. La muerte de Sergio Urrego en Bogotá, un adolescente de 16 años que se suicidó ante la discriminación y homofobia al parecer de las directivas de su escuela y de las demoras del sistema en atender sus demandas de protección, debería nombrarse y explorarse. Es importante asegurar que no hay equívoco en los esfuerzos del Estado en la implementación de los derechos constitucionales en la escuela y en la atenta vigilancia de su violación u omisión.

Otro asunto urgente es el de la estabilidad familiar, por ejemplo en el tema de la adopción por parejas del mismo sexo. La delegación presentó y fundamentó en sus intervenciones múltiples medidas de protección a la familia como garantías de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, tales medidas están incompletas y son discriminatorias si no se hace explícito que, en Colombia, esos avances y políticas no se implementan en las familias conformadas por parejas del mismo sexo. Aunque la Corte Constitucional en el 2014 otorgó el derecho a una madre no biológica de adoptar al hijo biológico de su pareja, las regulaciones del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que coordina las adopciones en el país) todavía consideran inviable jurídicamente que las parejas adoptantes sean del mismo sexo. El resultado previsible es que los niños y niñas de las familias no heterosexuales no gocen de los mismos derechos y garantías de los niños y niñas de parejas heterosexuales.

En sus conclusiones finales ante el comité en Ginebra la directora del ICBF afirmó que: “Colombia ha avanzado en el camino de la paz y los niños y niñas ocupan un lugar importante en las políticas públicas {pero señaló también que} hay desafíos en el horizonte, en especial, el de cerrar la brecha entre los niños rurales y urbanos, cuidar a los más vulnerables y continuar sin pausa la batalla contra la corrupción.”

En ese horizonte, donde, como dice la filósofa estadounidense Judith Butler, unos cuerpos importan más que otros, la obligación del Estado es garantizar que no haya jerarquías ni discriminaciones directas e indirectas en el marco jurídico y politico dedicado a proteger a los más vulnerables, entre ell*s, los niños, niñas y adolescentes lgbti. Tal vez un primer paso hacia la garantía plena de sus derechos sea romper el silencio.