Solicite Justicia a las Autoridades Peruanas por el Asesinato de un Activista Gay

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Perú: Acción de Alerta

La Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC) se une a Boletín Diversidad y a VIHDARTE en un llamado urgente a las autoridades peruanas demandando una condena a los crímenes de odio por homofobia, una investigación exhaustiva y justa por el crimen del periodista y activista de los Derechos Humanos, Alberto Osorio, y para que sus perpetradores sean enviados a la justicia. Al menos 16 otras personas gays y trans fueron asesinadas en similares circunstancias en Perú desde 2009 y por eso requerimos que las autoridades peruanas actúen con decisión para prevenir estos crímenes y proteger a las comunidad LGTB peruana.

Los Sucesos

En la mañana del 20 de septiembre de 2010 el cuerpo Alberto Juan Osorio Castillo de 44 años, periodista y activista por los Derechos Humanos de las personas viviendo con VIH-Sida, fue encontrado por su madre, Esther Castillo. La señora Castillo encontró el cuerpo de su hijo en su departamento del distrito de San Martín de Porres en el norte de Lima. Había sido amarrado a su cama con un cable y su cuerpo mostraba un conjunto de hematomas, lo cual evidencia fue golpeado antes de ser estrangulado.

Además de Alberto Osorio, al menos otras ocho personas gay y trans fueron asesinadas en 2010 en iguales circunstancias de acuerdo a Boletín Diversidad, una organización peruana que monitorea la violencia por homofobia. Según su reporte sobre Derechos Humanos, al menos otras siete personas gays y trans también fueron asesinadas en 2009 . Estos crímenes repiten el mismo patrón usado en el de Alberto Osorio: el perpetrador seduce a la víctima, entra a su hogar y la golpea, mata y le roba.

Hay mucho más en estos crímenes que lo que muestran reportes sensacionalistas de algunos medios de prensa peruanos en sus relatos sobre los crímenes a personas gays y trans que representan a las víctimas LGTB como inmorales en lugar de enfocarse en la arbitraria y violenta naturaleza e estos crímenes de odio. En el caso de la muerte Alberto Osorio, sus especulaciones incluían que el asesinato se produjo en venganza por la transmisión intencional del VIH o por exceso en prácticas sadomasoquistas . En lugar de esto es necesario enfocarse en llevar a los perpetradores de estos crímenes a la justicia.

Pocos casos de asesinatos a gays o personas trans ocurridos el año pasado han concluido en un juicio. Según activistas LGTB de Perú la falla en el enjuiciamiento de estos crímenes se basa en la homofobia. De acuerdo a organizaciones LGTB, en aquellos crímenes que fueron llevados a juicio, la falta de elevación de cargos relacionados con odio y homofobia terminaron con débiles condenas para los perpetradores. Ellos afirman que tanto en las investigaciones como en los cargos se debe considerar la orientación sexual y la identidad de género de la víctima como potencial motivación para el crimen. La falta de ello facilita la impunidad de los perpetradores, enfatiza la discriminación en el sistema judicial y en consecuencia conduce a más crímenes contra las personas LGTB.

Alberto Juan Osorio Castillo, era periodista y presidente de VIHDARTE Centro de Desarrollo Participativo para los Derechos y la Salud, una organización de la sociedad civil que él fundó en 2001 para defender y promover los derechos de las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS). Juan Osorio frecuentemente denunció la indiferencia y negligencia del gobierno peruano ante el desabastecimiento de tratamiento de las personas viviendo con VIH/SIDA. Como representante de este colectivo fue nombrado como miembro del Comité Nacional Multisectorial de Lucha contra el SIDA (CONAMUSA).

EJEMPLO DE CARTA

Estimado Ministro Barrios Ipenza,
Le escribo para expresar mi profunda preocupación por el asesinato de Alberto Juan Osorio Castillo, de 44 años, periodista y activista por los Derechos Humanos de las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS). Alberto Osorio fue asesinado en un aparente crimen de odio anti-gay. Este crimen eleva a dieciséis el número de personas asesinadas por causa de su orientación sexual o identidad de género desde enero de 2009. Le pido que condene todos los crímenes por homofobia, lleve a cabo una exhaustiva y justa investigación del asesinato de Alberto Osorio, y asegure que sus perpetradores sean encontrados y castigados con toda la extensión de la ley. Además solicitamos que el Ministro del Interior y otras autoridades peruanas tomen todas las medidas para evitar que estos crímenes ocurran nuevamente en el futuro.

El 20 de septiembre de 2010 a las 9:30 am, el cuerpo del Sr. Osorio fue encontrado por su madre, Esther Castillo, en su apartamento en Avenida Santa Mercedes 374, II etapa de la urbanización Palao en el distrito de San Martín de Porres, en la zona norte de Lima. Él, había sido amarrado a su cama con un cable y los hematomas en su cuerpo indicaban que había sido golpeado antes de ser estrangulado.

Alberto Juan Osorio Castillo, era periodista y presidente de VIHDARTE Centro de Desarrollo Participativo para los Derechos y la Salud, una organización de la sociedad civil que él fundó en 2001 para defender y promover los derechos de las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS). Como representante de este colectivo fue nombrado miembro del Comité Nacional Multisectorial de Lucha contra el SIDA (CONAMUSA).

Además de Alberto Osorio, al menos otras ocho personas gay y trans fueron asesinadas en 2010 en iguales circunstancias de acuerdo a Boletín Diversidad, una organización peruana que monitorea la violencia por homofobia. Según el Reporte de DDHH de las personas LGTB emitido por la organización Boletín Diversidad, Raíz 2.0, al menos otras siete personas gays y trans también fueron asesinadas en 2009 . Estos crímenes repiten el mismo patrón usado en el de Alberto Osorio: el perpetrador seduce a la víctima, entra a su hogar y la golpea, mata y le roba.

Pocos casos de asesinatos a gays o personas trans ocurridos el año pasado han concluido en un juicio. Según activistas LGTB de Perú la falla en el enjuiciamiento de estos crímenes se basa en la homofobia. Tomamos en serio la preocupación de los activistas LGTB de Perú que creen que la falla en la resolución de estos crímenes es resultado de prejuicios homofóbicos, como en el caso de Marco Antonio Gallego, en el cual las organizaciones han argumentado que la falta de cargos específicos por crímenes de odio anti-gay resultaron en penas débiles a los perpetradores. Ellos afirman que las investigaciones y los cargos criminales que no consideran la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas como un potencial motivo del crimen facilita la impunidad de los perpetradores, alienta la discriminación en el sistema judicial y conduce a más crímenes contra las personas LGTB.

Aunque no existe legislación en Perú que sancione crímenes basados en la orientación sexual y/o identidad de género, el Artículo 2 de la Constitución Política de Perú garantiza el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Esta también prohíbe la discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. La ley 28237, que entró en vigencia en diciembre de 2004 e instituye un nuevo Código Procesal Constitucional para el país, reconoce la no discriminación por orientación sexual como objeto de protección legal, reconociendo a las minorías sexuales como un grupo protegido, y permite presentar recursos de amparo en casos de discriminación.

Perú, además, es signatario de tratados regionales e internacionales de Derechos Humanos que garantizan los derechos a la vida, a la no discriminación, igualdad, seguridad de la persona y protección contra la tortura como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos como el Carta Andina de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en donde expresamente se enuncia la decisión de combatir la discriminación por orientación sexual.

Lo comprometo a reconocer su obligación ante estos tratados con relación al asesinato de Alberto Osorio y le solicito que:

  • El ministro del Interior y el Ministro de Justicia, junto a otras autoridades peruanas de relevancia condenen públicamente el crimen de Alberto Juan Osorio Castillo y todos los crímenes de odio por homofobia.
  • Que la Policía y el Ministerio de Justicia lleven adelante una completa y justa investigación por el asesinato de Alberto Osorio y todos los demás crímenes por homofobia no resueltos llevando a juicio a sus perpetradores con toda la fuerza de la ley.
  • La Defensoría del Pueblo del Perú colecte, analice y efectúe un reporte sobre los detalles y penas por crímenes de odio por homofobia.
  • Que la policía lleve adelante una capacitación de sensibilización que refuerce la prevención, monitoreo, investigación y registro de los crímenes relacionados con la orientación sexual, la identidad de género y el estatus de VIH/Sida.

Como símbolo del compromiso del gobierno de Perú con la justicia y equidad para todos, sin distinción de su orientación sexual o identidad de género o estatus de HIV/Sida, le solicito dar a este asunto la urgente atención que se merece.

Cordialmente,

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País:

Marco Legal Nacional e Internacional

El derecho a la vida (y a la libertad y seguridad personales) lo protegen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 3; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en sus Artículos 6 y 9, y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en sus Artículos 4 y 7.

El derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada/o, lo protegen la Declaración en sus Artículos 2 y 7, el Pacto en sus Artículos 2 y 26, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos en sus Artículos 1 y 24.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostuvo en el caso de Toonen contra Australia (1994) que las provisiones antidiscriminatorias existentes en los Artículos 2 y 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos debían interpretarse como incluyentes de la orientación sexual como condición protegida. Muchos otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han condenado consecutivamente la discriminación basada en la orientación sexual.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) en su resolución AG / RES. 2600 (XL-Ou/10) “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, cuyo texto ratifica los avances de los años anteriores con las resoluciones AG/RÊS.2435 (XXXVIII-Ou/ 08) y AG / RES 2504 (XXXIX -0/09) tituladas “Derechos humanos, Orientación sexual e Identidad de género”. Esta nueva resolución presentada por Brasil y copatrocinada por Bolivia, se destaca no sólo por condenar los actos de violencia y violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas por razón de su orientación sexual e identidad de género y expresar su preocupación por la violencia que enfrentan los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con tales violaciones, sino que, también, insta a los Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias para combatir las violaciones a los Derechos Humanos basadas la orientación sexual e identidad de género, garantizando el pleno acceso a la justicia para sus víctimas.

Desde 2002, Perú es signatario de la Carta Andina de Promoción y Protección de los Derechos Humanos cuyo Artículo 10 reafirma la decisión de combatir toda forma de racismo, discriminación, xenofobia y cualquier forma de intolerancia o de exclusión en contra de individuos o colectividades por razones de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, orientación sexual, condición migratoria y por cualquier otra condición; y, deciden promover legislaciones nacionales que penalicen la discriminación racial. El punto F. de la carta está especialmente dedicado a los derechos de las personas con diversa orientación sexual y en su artículo 52. reconoce que las personas, cualesquiera sean su orientación u opción sexuales, tienen iguales derechos humanos que todas las demás. y en su artículo 53. los estados firmantes se comprometen a combatir toda forma de discriminación a individuos por motivos de su orientación u opción sexuales, con arreglo a las legislaciones nacionales y, para ello, prestarán especial atención a la prevención y sanción de la violencia y discriminación contra las personas con diversa orientación u opción sexual, y la garantía de recursos legales para una efectiva reparación por los daños y perjuicios derivados de tales delitos.

La Ley 28237 (aprobada por el Congreso de la República Peruana), que instituye un nuevo Código Procesal Constitucional para el país, reconoce la no - discriminación por orientación sexual como objeto de protección legal y permite presentar recursos de amparo en casos de discriminación por ese motivo. Dicha ley entró en vigencia el 1 de diciembre de 2004.

Perú ha ratificado el PIDCP el 18 de abril de 1978 y la CIDH el 28 de julio de 1978. La Declaración Universal se considera parte del derecho consuetudinario internacional, y compromete a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Perú. Lo mismo sucede con la Convención Interamericana para los Estados Miembros de la OEA (Organización de los Estados Americanos).